El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado a la Xunta que actúe con mayor "contundencia y decisión" para revertir la contaminación por lindano que sufre el área de O Porriño. La institución señala en un comunicado que el proceso de descontaminación "no puede durar indefinidamente" a costa de mantener "unos riesgos potenciales" para la salud de los ciudadanos y para la protección del medio ambiente.
Incide en que, de acuerdo con el Registro de Estatal de Emisiones Contaminantes, el lindano es un compuesto de una sustancia denominada hexaclorociclohexano (HCH), de toxicidad comprobada, que se asimila en el cuerpo humano por ingestión, inhalación o por contacto dérmico.
La Organización Mundial de la Salud recomienda tratar esta sustancia como cancerígena aunque estos efectos solo se han comprobado hasta el momento en animales.
Además, en pequeñas cantidades, pero en exposiciones largas, causa problemas hepáticos, renales, hormonales, ginecológicos, anemias y del sistema nervioso. El lindano acumulado en los suelos de O Porriño, de donde pasa a las aguas subterráneas y a las superficiales, procede de los residuos generados en la producción de insecticidas durante los años 50. Cuando se restringió el uso del lindano en los años 70 y se cerró la explotación, el suelo no fue descontaminado, recalca el Defensor del Pueblo en su comunicado.
El Defensor del Pueblo abrió en mayo de 2018, cuando quedó al descubierto la zona contaminada por unas obras de saneamiento, una actuación de oficio ante la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta y ante la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para conocer la dimensión de este problema.
De la información recibida por parte de la Xunta infiere que la administración gallega conoce la existencia de contaminación de suelo y aguas por lindano al menos desde 1992 y, sin embargo, "el problema aún no se ha resuelto".
Aunque el Defensor del Pueblo reconoce que la Xunta "no ha permanecido inactiva" y que se han adoptado medidas en coordinación con el Ayuntamiento de O Porriño, la Confederación Hidrográfica y la Dirección General de Salud, urge la activación de los mecanismos previstos en la ley para abordar la descontaminación de suelos. Algo que, subraya, "compete principalmente" a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Abunda en que la Xunta no ha suministrado "información concluyente" sobre la situación actual de los suelos ni sobre la eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento. Tampoco ha indicado si los responsables de la descontaminación han presentado el proyecto de recuperación que la legislación de residuos requiere para acometer la descontaminación voluntaria.
Hace hincapié en que la declaración formal de suelo contaminado, mediante resolución administrativa, obliga a especificar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación; identifica las personas obligadas a ello, fija unos plazos para acometer las actuaciones y determina los usos a los que no podrá destinarse el suelo en tanto subsista el problema.
Además, recuerda que una vez declarado el suelo como contaminado, la no realización de las operaciones de limpieza y recuperación en los términos previstos en la resolución constituye una conducta tipificada como infracción muy grave que debe ser sancionada. Por tanto, el Defensor pide a la Xunta que declare suelo contaminado los terrenos de Fonte Contrasto, donde los valores son muy superiores a lo establecido por las normas, y otros terrenos donde se superen los niveles de concentración de lindano fijados por la normativa, una vez se completen los estudios en curso.
En el caso del polígono industrial de Torneiros, a pesar de que fue declarado suelo contaminado en 2001, se hizo cuando aún estaba vigente la antigua Ley de Residuos de 1998. Así, esta declaración no se ajusta al contenido que actualmente exige la normativa estatal y autonómica, que requiere identificar a los responsables de la descontaminación, determinar las actuaciones de recuperación y fijar plazos de cumplimiento, enumera el Defensor del Pueblo.
Por ello, solicita a la Xunta que modifique la orden de 2001 por la que se declara suelo contaminado los terrenos afectados del polígono de Torneiros, con el fin de ajustar su contenido a lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y 42 de la Ley de Residuos de Galicia.
