Una viguesa de 50 años víctima de malos tratos que acaba de ser desalojada de un piso en el que vivió de okupa con uno de sus cuatro hijos, un veinteañero en paro, ha denunciado hoy que las administraciones la "obligan a delinquir" tras siete años a la espera de una vivienda social.
Eugenia Alonso está procesada por un delito de usurpación por ocupar desde mayo de 2014 el piso inferior del que fue desahuciada por impago del alquiler (400 euros, comunidad incluida, con unos ingresos de 426 euros de ayuda familiar), y desde el miércoles duerme en un trastero, pero ahí no pasará "toda la vida".
Reclama "un habitáculo donde meter" sus "miserias" y sus "alegrías", y si Xunta ni Ayuntamiento de Vigo le dan una solución, avisa: "Dentro de tres meses me volverán a echar a la fuerza". "Nunca dormí en la calle y no lo voy a hacer ahora de vieja", subraya "Geni", como la conocen sus allegados, quien no quiere ser "un lastre" para su familia.
Se queja de que un motivo por el que le deniegan una ayuda social es porque estaba cometiendo un delito por vivir de okupa, pero no tienen en cuenta que lleva siete años esperando por una vivienda social pese a formar parte de un colectivo prioritario, el de víctimas de violencia machista.
"La administración que la coloca en esta situación ahora lo utiliza de excusa para denegarle una ayuda", ha terciado su abogada y representante de la Oficina de Derechos Sociales de Coia, Esther Lora, quien ha pronosticado que su cliente será absuelta de la causa penal abierta en su contra.
Eugenia Alonso ha reprobado que todo lo que ha recibido de los representantes de la administración son "palmaditas en la espalda y a ver qué hacemos", y ha reivindicado que lo que necesita es un alquiler social "para poder sobrevivir". También se ha quejado de que haya en Vigo viviendas de propiedad municipal vacías y del criterio que rige en la asignación de viviendas sociales. Su abogada ha considerado "de juzgado de guardia" que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, presuma de que en la ciudad no hay desahucios.
"Soy un número más", ha proclamado la afectada. Eugenia Alonso presentó solicitud de adjudicación directa de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género en agosto de 2007. Al año siguiente se constituyó en demandante de vivienda de protección autonómica de la Xunta de Galicia, y desde entonces ha presentando todas las prórrogas legalmente exigidas.
