La familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa cuyo cadáver fue hallado en una cuneta en O Rosal (Pontevedra) en 2002, emprenderá a través de su equipo de abogados acciones penales contra la Policía Nacional tras la aparición en una comisaría de Madrid de un legajo que contiene, entre otras cosas, un teléfono móvil sin tarjeta SIM que, presumiblemente, perteneció a la chica y que la familia entregó a la Policía en el año 2006.
“De una manera o de otra tienen que depurarse responsabilidades”, ha dicho a Efe Ramón Amoedo, miembro del equipo de abogados de la familia, quien considera que el hallazgo ahora de este legajo, meses después de la prescripción de la causa salvo para el único investigado, el ex novio de la joven, “es la gota que colma el vaso” en un caso en el que se acumulan “negligencias”.
La aparición del legajo se conoció el pasado domingo a través de la familia de Déborah y, presuntamente, es consecuencia de unas obras que se están realizando en las dependencias de la UDEV Central, dentro del Complejo Policial de Canillas, en Madrid, con ocasión de las cuales se han efectuado traslados tanto de personal como de documentación en la Sección de Homicidios y Desaparecidos.
Según un oficio de la Policía Nacional “se ha iniciado un proceso de digitalización de la documentación existente en la Sección, motivo por el cual se está revisando todo lo archivado”.
Ello, añade el oficio, ha llevado a que “en el despacho que ocupa el Grupo I de Homicidios, junto a documentación relativa a otros asuntos antiguos investigados en su momento por ese grupo, se haya hallado un legajo desconocido hasta la fecha que contiene efectos y documentación referentes a la investigación sobre la muerte de Déborah Fernández Cervera Neira”.
“Resulta totalmente lamentable que ahora aparezca un legajo con un teléfono, con unos vídeos y con unos oficios que presuntamente había dirigido la Policía al juzgado”, ha dicho Amoedo, quien subraya la posibilidad de que ese legajo pueda determinar que otras personas distintas al único investigado tuviesen alguna responsabilidad en la muerte de Déborah sin que puedan ya ser imputados por ello al haber prescrito la causa.
Se da además la circunstancia, explica el abogado, de que su propio despacho pidió en repetidas ocasiones que se aclarase qué había sido de un teléfono que la madre de Déborah estaba segura de haber entregado en 2006, mientras que la Policía respondía que ese teléfono nunca había sido entregado o que se había extraviado en unas inundaciones en dependencias policiales.
El hallazgo de este legado añade nuevas derivadas a un caso que, lejos de languidecer, puede cobrar un nuevo impulso muy pronto si la Audiencia Provincial de Pontevedra atiende el recurso de apelación presentado por la familia a la decisión del juzgado de instrucción número 2 de Tui, que instruye la causa, de tramitar el procedimiento por la Ley del Jurado, lo que podría llevar al único investigado a sentarse en el banquillo frente a un jurado popular.
La deliberación se produjo el pasado jueves y a lo largo de esta semana se espera una resolución, que es vinculante, de modo que si se decide que se abra un jurado popular el tema pasaría a la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Por otra parte, está pendiente de resolución un recurso de reforma presentado por los abogados de la familia de Déborah contra la denegación, por parte de la jueza del 2 de Tui, del acceso a la cadena de custodia del disco duro de Déborah.
Se trata de un asunto crucial, toda vez que los peritos de la empresa Lazarus Technology entregaron el pasado mayo al Juzgado su informe definitivo sobre el análisis del disco duro y en él concluyen que fue manipulado después de llegar a manos de la Policía.
Posteriormente, a la jueza, “de un modo sorprendente”, según Amoedo, “no se le ocurre más que remitir ese informe de Lazarus Technology y el propio disco duro a la unidad tecnológica de la Guardia Civil, la misma a la que en su momento se le remitió el disco duro y determinó que no era capaz de acceder a su contenido”.
El disco duro ha estado en las dependencias de la Policía Nacional en Madrid, en las del Juzgado de Tui y en las de la Guardia Civil.
Según Amoedo, “es la primera vez que ocurre que habiendo un informe pericial de unos peritos designados judicialmente, la jueza manda su informe a la Guardia Civil para que informe sobre el informe, sobre todo cuando la Guardia Civil dijo en su momento que no era capaz de acceder al disco duro, con lo cual es un poco de coña”.
Así las cosas, todavía quedan muchos aspectos por resolver, empezando por la decisión que tome esta semana la Audiencia de Pontevedra, en función de la cual reaccionará la familia, porque si decide no atender el recurso que presentaron, sabe que a continuación podría venir un archivo provisional que podría reabrirse en cualquier momento, de modo que seguirán pidiendo que continúe la investigación.
