viernes. 27.01.2023
Justicia

Imesapi contrató a la cuñada de Silva por indicación municipal, según su gerente

Ramón C.A., gerente de Imesapi, antigua concesionaria de los centros cívicos de Vigo, ha ratificado este martes en la Audiencia de Pontevedra que recibió indicaciones desde el Ayuntamiento, sin precisar qué persona en concreto, para que contrataran a la cuñada de Carmela Silva.

Ramón C.A., gerente de Imesapi, antigua concesionaria de los centros cívicos de Vigo, ha ratificado este martes en la Audiencia de Pontevedra que recibió indicaciones desde el Ayuntamiento, sin precisar qué persona en concreto, para que contrataran a la cuñada de Carmela Silva. En el juicio contra él y el exjefe de Participación y Atención Ciudadana, Francisco G.O., ha insinuado también que los nueve contratos menores para la realización de encuestas que le fueron adjudicados a Imesapi entre 2008 y 2013 fueron una contraprestación por la contratación de la cuñada de Silva, Vanesa F.B.

 

De hecho, ha revelado que le trasladó a la corporación viguesa que tendría que hacerse cargo del pago de la nómina de esta trabajadora, pues no había necesidad de reforzar la plantilla y las encuestas de las que se iba a encargar no figuraban en los pliegos del contrato del servicio del que era adjudicataria Imesapi.

 

Ha abundado en que si se le hizo un contrato indefinido a Vanesa F.B., que con anterioridad había hecho una sustitución temporal de una de las cuatro trabajadoras de Imesapi, fue "a petición de nuestro cliente", en alusión al Ayuntamiento de Vigo, y que aquella apenas pisó las oficinas de la empresa diez días durante cinco años. Ramón C.A. ha negado que las encuestas en cuestión y los informes con las conclusiones de las mismas se hicieran en las dependencias de la empresa, y ha añadido que las facturas que se emitieron, y cobraron, al Ayuntamiento por la realización de estos trabajos se hicieron desde "la confianza en el cliente".

 

"Ojalá no hubiésemos firmado ese contrato nunca", ha proclamado Ramón C.A., para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y 20 de inhabilitación, en tanto que la acusación popular, ejercida por la plataforma Xuntos, eleva su petición a los 13 años de cárcel. Para el otro acusado, Francisco G.O., la fiscal pide ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, y la acusación popular, 13 años de cárcel y 35 de inhabilitación.

 

Francisco G.O. ha negado que impusiese a Imesapi la contratación de Vanesa F.B. y que acordara con el gerente de la concesionaria el encargo de nueve encuestas como fórmula para pagarle las nóminas a esta trabajadora. Preguntado por la fiscal por un correo electrónico que remitió a Imesapi en el que ponía "cerrar la contratación de Vanesa", este alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo ha dicho que incurrió en una "muy mala redacción", y que a lo que se refería era a la regulación de la antigüedad de toda la plantilla.

 

Francisco G.O. ha alegado que el encargo de estas encuestas partió del concejal de Participación Ciudadana, Santos Héctor, quien posteriormente ha ratificado este extremo en su declaración como testigo durante el juicio. Santos Héctor ha enfatizado que nunca impuso que las encuestas las hiciera Imesapi y, más concretamente, la cuñada de Silva, a la que ha dicho que no conocía entonces ni su vinculación familiar con la teniente de alcalde de Vigo y actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.

 

Francisco G.O. ha garantizado que las encuestas en cuestión existen, dado que la Fiscalía lo pone en duda en su escrito de acusación, y ha considerado factible que quien en teoría las realizó, Vanesa F.B., pudiera realizar 1.000 llamadas en apenas nueve días. Ha justificado en una cuestión de plazos, dado que las encuestas se realizaban al final de cada ejercicio, que en apenas cinco días Impesapi pudiera presentar una propuesta de presupuesto, le fuera aceptada, realizara el trabajo encomendado y lo cobrara. Adicionalmente, ha alegado que al menos en uno de los expedientes solicitó presupuesto a otras dos empresas, aparte de Imesapi, pero que ninguna lo presentó.

 

El concejal Santos Héctor ha manifestado que desconocía las indicaciones que supuestamente le daba Francisco G.O. a Imesapi para que presentara presupuestos para los contratos menores que luego les serían adjudicados sin publicidad ni concurrencia y ha garantizado que nunca habló con su gerente sobre esto ni ningún otro asunto. El juicio proseguirá mañana, para cuando ha sido citada por segunda vez, bajo advertencia expresa de que, en caso de volver a faltar, puede enfrentarse a una multa de hasta cinco mil euros por un delito de desobediencia grave, la cuñada de Carmela Silva.

Imesapi contrató a la cuñada de Silva por indicación municipal, según su gerente
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