Cinco trabajadores de una fábrica de aglomerados de cuarzo de Vigo afectados por silicosis serán indemnizados con 1,1 millones de euros tras la condena penal de uno de uno de los dueños y presidente del Grupo Cosentino y del gerente de Granitel, la empresa para la que trabajaban.
Según adelantan diversos medios gallegos, la vista oral se celebró este lunes ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, y ambos condenados mostraron su conformidad después de que la Fiscalía rebajase su petición inicial de penas.
El responsable de la multinacional con sede en Cantoria (Almería) aceptó seis meses y tres días de cárcel por cinco delitos de lesiones graves, una rebaja notable respecto a los dos años y nueve meses de prisión que solicitaba inicialmente el Ministerio Público.
En su caso, la reducción de penas fue posible gracias a que la Fiscalía aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño, al hacer frente en solitario al pago de indemnizaciones por 1,1 millones de euros, superior a los 790.000 euros que había interesado el fiscal, y la atenuante de dilaciones indebidas.
Por su parte, el gerente de Granitel aceptó un año y tres meses de cárcel por los mismos delitos, así como por un delito contra los derechos de los trabajadores, al no adoptar medidas de control pese a conocer la composición de las planchas de Silestone que le suministraba el Grupo Cosentino. Antes de la conformidad, el fiscal pedía para él tres años de prisión.
Desde Grupo Cosentino se ha remitido un comunicado a EFE en el que apuntan que “la conformidad ha sido la vía elegida por el equipo legal de la empresa para acabar de forma definitiva con un largo proceso en el que los principales damnificados (la acusación particular) ya se habían retirado de la causa”.
“Este acuerdo de conformidad se produce en un caso que se ha dilatado casi 15 años, periodo en el cual tanto la normativa en prevención de riesgos, como la gestión de la compañía en esta materia han evolucionado considerablemente”, añaden.
Asimismo, subrayan que “en ningún caso” se pone en entredicho que la empresa no informase sobre las características del material o las medidas de seguridad necesarias para su manipulación, pero la acusación “considera la información sobre la composición del producto insuficiente a nivel técnico”.
“Aun así, es patente la voluntad informativa que la empresa tuvo desde el principio, recogiendo en la ficha de seguridad que el material requería medidas concretas, la mayoría de las cuales no fueron ejecutadas por la marmolería”, resaltan.
Han precisado que la empresa llegó hace dos años a un acuerdo con el representante legal de los afectados por el que se les indemnizó económicamente “incluso por encima del baremo establecido y la petición del Ministerio Fiscal”.
“Ello muestra el compromiso que la empresa asume de forma tangible, a pesar de que se hayan enjuiciado hechos de hace casi 15 años, cuando la legislación era imprecisa y la ciencia de prevención de riesgos laborales no había evolucionado aún hasta los niveles de hoy. La empresa ha cumplido con la normativa vigente en cada momento en su responsabilidad de fabricante y suministrador”, apostillan.
Además, recuerdan que son los responsables de las marmolerías que manipulan las superficies los que “tienen la responsabilidad de garantizar que sus trabajadores cuentan con los medios de protección necesarios y los implementan adecuadamente”, y que la de Vigo, según la acusación, “no cumplió ni las más mínimas medidas de seguridad necesarias en el tratamiento de cualquier piedra ni las indicadas en el etiquetado del producto”.
