La Xunta aconseja tramitar las actuaciones prioritarias, como la Ciudad de la Justicia, la ampliación del polígono de Balaídos o la estación intermodal de Urzáiz, a través de modificaciones puntuales del Plan General de 1993, por ser un mecanismo "más ágil" que la incidencia supramunicipal. Así lo ha manifestado la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, tras un encuentro con instituciones, colectivos sociales y económicos, partidos políticos y entidades de la ciudad para analizar la situación tras la anulación del PXOM de 2008.
Rivas ha detallado que la declaración de incidencia supramunicipal para atender a los proyectos más urgentes es una vía "que legalmente está abierta", pero que se utiliza "ante la inactividad de los ayuntamientos". Sin embargo, cuando la corporación viguesa ya ha manifestado su "intención real" de tramitar de forma "inmediata" un Plan General, cree que "no tiene sentido" que se gestionen "simultáneamente dos instrumentos", uno siguiendo la vía urbanística y otro, la de la ordenación del territorio, cuyas tramitaciones son "casi idénticas". Ha abundado en que solo si el Ayuntamiento de Vigo "demorase su actuación o hiciese dejación de labores, la Xunta tendría que actuar" mediante la declaración de incidencia supramunicipal; "pero estamos seguros de que ese escenario no va a producirse", ha apuntado.
La secretaria general ha explicado que, siempre y cuando las modificaciones puntuales de un plan no afecten "a sistemas estructurantes", se les podrá declarar una evaluación ambiental "simplificada", y tan solo se les aplicarían los informes sectoriales correspondientes al proyecto en cuestión. Como ejemplo, ha citado el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que tiene unos informes sectoriales "mínimos" y, como responde a una modificación reciente del PXOM de 2008, dará pie a que el organismo sectorial ratifique el carácter favorable de su informe, lo que abreviará el plazo de aprobación definitiva.
"Estamos hablando de que esos instrumentos podrían estar aprobados en un plazo de seis a ocho meses desde su formulación", ha añadido. Ha reiterado la necesidad de que el consistorio vigués inicie "inmediatamente" la redacción de un nuevo Plan General que dote a la ciudad de "la exigible y deseable seguridad jurídica", y ha recordado que la Xunta ofertará "toda la colaboración técnica e institucional" durante este proceso. Espera además que la nueva Ley del Suelo de Galicia, que verá la luz en los primeros meses de 2016, previsiblemente, facilite el proceso al avanzar en el campo de la integración de las tramitaciones ambientales y urbanísticas para que no sean paralelas, y al unificar los informes sectoriales autonómicos en uno solo.
La secretaria general ha augurado que Vigo contará en un plazo razonable "de 24 meses" con un nuevo Plan General. El delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, se ha declarado "sorprendido y preocupado" por la ausencia de miembros del gobierno local en la reunión de hoy, a la que asistieron representantes del puerto, la Cámara de Comercio, el Consorcio de la Zona Franca y los grupos municipales de PP y Marea.
