domingo 16/1/22

Las defensas piden la nulidad del juicio contra la red de blanqueo del "Culebras"

Las defensas de Juan Carlos G.M., alias "Culebras", su mujer María Nieves D.E., sus hijos Ana Isabel, Juan Carlos y Alejandro G.D., y otros miembros, hasta trece, de una red de blanqueo de capitales supuestamente procedentes del narcotráfico, han pedido hoy la nulidad del proceso al considerar que el auto inicial carece de "motivación".

Las defensas de Juan Carlos G.M., alias "Culebras", su mujer María Nieves D.E., sus hijos Ana Isabel, Juan Carlos y Alejandro G.D., y otros miembros, hasta trece, de una red de blanqueo de capitales supuestamente procedentes del narcotráfico, han pedido hoy la nulidad del proceso al considerar que el auto inicial carece de "motivación". El fiscal antidroga de Pontevedra, que solicita un total de 61 años de cárcel para los trece acusados y multas cuyas cuantías suman 173 millones de euros, ha acusado de "mala fe procesal" a la defensa por presentar un informe pericial "días antes del juicio para evitar la reacción de la acusación". En dicho informe, se intenta esclarecer el origen del patrimonio de los acusados y vincularlo a actividades y negocios legales.

 

En la primera de las cuatro jornadas programadas en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, once letrados se han adherido a las alegaciones presentadas por el abogado del principal acusado, Juan Carlos G.M., que ha señalado que en el auto inicial, dictado en julio de 2006, se percibe una clara "falta de motivación" que "vicia" las posteriores resoluciones. El fiscal ha replicado que el documento concreta "que se va a investigar un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico" tras descubrirse cuatro cuentas bancarias en Portugal con 5,8 millones de euros ingresados en efectivo, declaraciones de IRPF injustificadas y al contar los acusados con 10 propiedades inmobiliarias y diversos automóviles de alta cilindrada.

 

Además, ha añadido que la vinculación del "Culebras" al narcotráfico está constatada por condenas y detenciones anteriores relacionadas con hechos similares. En cuanto a las escuchas telefónicas, los abogados de la defensa han apelado a la violación de derechos fundamentales relacionados con la privacidad de las comunicaciones y la libertad informática y, de nuevo, a la "falta de buenas razones" para realizar la monitorización de las conversaciones para solicitar su anulación. Han añadido que las prórrogas de dichas intervenciones responden a la "falta de obtención de resultados", lo que consideran "una nueva vulneración de los derechos" de los imputados, y que en ninguna de la 18 ampliaciones solicitadas se realizaron "valoraciones actualizadas" de la situación. Afirman además que se produjo una "falta absoluta de control judicial" durante la realización de las mismas.

 

En el caso del acusado Carlos R., la defensa ha impugnado la declaración realizada tras su detención en 2008 por producirse fuera de los límites temporales delimitados por ley, por lo que hubo una "vulneración del derecho a la libertad y a una defensa" y contradiciendo el "derecho a la dignidad humana". Las defensas se han opuesto a la admisión de una nueva prueba documental presentada por el ministerio público por tratarse de un informe que consideran "sesgado, incompleto e interesado" y en el que el fiscal intenta "estructurar la relación del acusado con el tráfico de estupefacientes" mediante una denuncia presentada en 2012 que fue finalmente sobreseída. Las cuestiones previas serán resueltas por la jueza encargada del caso en sentencia.

 

Según se recoge en el escrito de acusación, Juan Carlos G.M., alias "Culebras", es un antiguo narcotraficante que fue condenado en 1997 a cuatro años de cárcel y que fue detenido en el marco de sendas investigaciones policiales relacionadas con el tráfico de drogas en 1984, 1986 y 2004. El fiscal lo sitúa a la cabeza de un entramado de personas interpuestas, sociedades y de otras formas jurídicas cuyo objeto era blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Para ello contó con la colaboración de su esposa y sus tres hijos, quienes "aparentaron y simularon" ser propietarios de bienes muebles e inmuebles e inversiones diversas: casas, pisos, locales comerciales, fincas, coches, yates, joyas y relojes; así como titulares de hasta 19 cuentas bancarias. Aparte de todas estas operaciones, el fiscal acusa al "Culebras" de comprar, entre 1987 y 2007, con dinero procedente del narcotráfico, vehículos de alta gama y 79 obras de arte valoradas en 235.000 euros.

 

En estas operaciones contó con la colaboración de otros acusados como Fátima S.M., una pariente a cuyo nombre puso una caja de seguridad en un banco; sus sobrinas Paula y Elena M.D.; Margarita M.S., con quien mantuvo una relación sentimental durante quince años; Gustavo Fermín P.C., María Pilar L.C. y Alfonso C.A. También le atribuye pagos en especie, como contraprestación a favores que la investigación no ha podido precisar, a dos primas suyas, a una, un viaje a Austria y entradas para asistir al concierto de Año Nuevo. El fiscal llega a la conclusión de que el amplio patrimonio de este clan familiar "no puede justificarse de otro modo" que no sea el tráfico de estupefacientes por su actividad laboral declarada.

 

Empezando por el cabecilla, perceptor de una pensión de invalidez laboral desde 1980, mientras que su mujer nunca ha estado de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, los rendimientos de trabajo, capital mobiliario e inmobiliario del matrimonio que figuran en los registros de Hacienda pasaron de los 406,41 y 446,58 euros de 1988 y 1989 a los 53.385,94 de 1993 y los 70.107,43 de 1999. El patrimonio de sus tres hijos, en cuya vida laboral figuran contratos a tiempo parcial reducido y altas como autónomos, entre 1996 y 2006 oscila entre los 322.000 y los 421.000 euros.  

Las defensas piden la nulidad del juicio contra la red de blanqueo del "Culebras"
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