Una vecina de Vigo ha sido multada con 15.000 euros por alquilar un piso de protección oficial, después de que la Xunta inicialmente impusiera una sanción de 75.000 euros que fue reducida a la mitad. La mujer, una pensionista con ingresos limitados, afirmó que no podía pagar la multa debido a sus numerosos gastos, incluyendo dos hipotecas, facturas de servicios y otros costos.
Además, sufre de varias enfermedades y problemas de movilidad que le impiden vivir en el piso de protección, que no tiene acceso directo en ascensor, por lo que se vio obligada a alquilar otra vivienda adecuada para sus necesidades de salud. Aunque la mujer alega que no era consciente de las restricciones para alquilar un piso de protección oficial, las autoridades le impusieron la multa, que finalmente fue reducida a 15.000 euros por un juez, considerando las circunstancias particulares de la mujer.
La residente de Vigo firmó el contrato de arrendamiento hace cuatro años a través de una inmobiliaria, creyendo que podía alquilar el piso por necesidad. Sin embargo, una vecina denunció la situación a las autoridades, lo que llevó a una inspección y la imposición de una multa inicial de 75.000 euros por la Xunta. La mujer se negó a anular el contrato de arrendamiento debido a la familia numerosa que vivía en el piso y su falta de acceso adecuado en el edificio. Aunque las alegaciones de la mujer fueron desestimadas en un principio, un juez finalmente redujo la multa a 15.000 euros, al considerarla desproporcionada en función de sus circunstancias personales.
