La Fiscalía pide un año de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Álvaro C.C., que aceptó como soborno los servicios sexuales de dos prostitutas, que supuestamente abonó el empresario Enrique A.P., considerado el cerebro de la Operación Patos, para quien el ministerio público pide nueve meses.
Así consta en el escrito de acusación trasladado al Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que ha decretado la apertura de juicio oral contra estos dos acusados, al igual que en la otra pieza separada en la que desgajó la causa de la Operación Patos, la relacionada con la Asociación Cultural Pedra Moura de Coruxo. En este caso, la Fiscalía pide un año de cárcel para Enrique A.P., dueño de la constructora Eiriña, igual que para el funcionario de la Diputación de Pontevedra J.M.V.M. La Fiscalía recoge en su escrito de acusación en la primera de las citadas piezas separadas que Álvaro C., jefe del área de servicios generales (Fomento) del Ayuntamiento de Vigo, mantuvo relaciones sexuales con dos prostitutas en junio de 2013 y febrero de 2014, en el primer caso en un motel.
Ambas citas, sostiene el representante del ministerio público, fueron concertadas y abonadas por Enrique A.P. "en atención al cargo que desempeña en la administración municipal" Álvaro C. Unos hechos que califica como constitutivos de un delito continuado de soborno por el que, además de la pena de cárcel, pide para el funcionario la suspensión de empleo y cargo público durante tres años, y al empresario, la inhabilitación especial para toda actividad relacionada con la construcción o contratación pública. La otra pieza separada de la Operación Patos está relacionada con un presunto delito de falsedad en documento mercantil en la elaboración de sendos presupuestos de acompañamiento para la concesión de una subvención, por parte de la Diputación de Pontevedra, de unas obras en la Asociación Cultural Pedra Moura.
En la pieza principal de la Operación Patos, que dirime supuestas irregularidades en concursos de diferentes administraciones públicas gallegas, llegaron a estar investigadas más de treinta personas, entre ellas un nutrido grupo de cargos políticos. Esa cifra inicial fue rebajada por la jueza instructora a trece personas, entre quienes figura el expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial Rafael Louzán.
En un auto dictado en septiembre de 2017, la jueza decretó el sobreseimiento de las investigaciones relativas al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y sus concejales David Regades, Ángel Rivas e Isaura Abelairas; el expresidente del PP local y exvicepresidente de la Diputación José Manuel Figueroa, y la exdelegada de la Xunta en Vigo María José Bravo Bosch. En otra de las piezas separadas en las que se desgajó la causa, el Juzgado de Instrucción 7 decretó la apertura de juicio oral contra el exconcejal de Nigrán José A.V., y el empresario Vicente C.P., por un delito de tráfico de influencias en la concesión de varias obras en ese municipio pontevedrés.
