jueves. 28.03.2024

Miembros de la Asemblea Aberta de Coia han ratificado y ampliado hoy ante la Fiscalía de Vigo la denuncia interpuesta contra el consistorio local y la empresa constructora Civis Global S.L. por la ubicación del pesquero Bernardo Alfageme en una rotonda del barrio.

 

El pasado 3 de enero, el ministerio público admitió a trámite dicha denuncia y abrió diligencias de investigación penal por posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos de públicos. Esta mañana, la Asemblea Aberta de Coia se ha concentrado ante los juzgados de la calle Lalín para dar su apoyo a los representantes allí citados y para continuar con su proceso de recogida de firmas que, por el momento, lleva contabilizadas 3.000.

 

El portavoz del colectivo, Xosé Sánchez, ha valorado que la Fiscalía "asumiera y mirara la causa para investigar" en el primer escrito que entregaron. Ha explicado que los vecinos de la zona han decidido dar este paso al "no tener información del proceso", al igual que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento.

 

"Le pedimos al fiscal, como defensor público, que le pida al Ayuntamiento toda la documentación que legalice la obra que está haciendo", ha abundado Sánchez en declaraciones a los informadores. Ha criticado además que la obra se encargue a una empresa que, bajo su anterior denominación, "está siendo investigada" por otra causa judicial y que el concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, esté imputado por supuesta prevaricación.

 

En la Asemblea Aberta de Coia consideran que hay "indicios suficientes" para solicitar información relativa a "quién ha aprobado la obra, en qué organismo, con qué presupuesto" y si existen estudios de seguridad y de viabilidad para el traslado del Alfageme a la rotonda. Sobre este último punto, ha añadido que un barco de 36 metros de eslora colocado en una rotonda puede suponer "una pantalla para el tráfico" y que, al estar vacío por dentro, es necesario saber si durante su transporte e instalación va a sufrir algún daño.

 

La abogada Esther Lora ha explicado además que "es imposible" acceder al expediente de contratación de los trabajos. Por este motivo, han solicitado al fiscal que investigue "unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos" ya que "si tuviéramos pruebas o indicios materiales y documentales habríamos denunciado directamente al juzgado", ha sentenciado. "Tampoco sabemos el coste del contrato, si hubo concurso público o fue una negociación privada", ha agregado Lora.

 

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