viernes. 07.02.2025

La agonía del comercio local y la doble vara de medir

“Baja la persiana la última tienda de barrio en…”. “Se jubila el último artesano de…”. “Cierra la última taberna que quedaba en…”

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“Baja la persiana la última tienda de barrio en…”. “Se jubila el último artesano de…”. “Cierra la última taberna que quedaba en…”. Por desgracia, me topo, día sí, día también con titulares como estos en los medios de comunicación. Y es que, afectivamente, un sector como el de los autónomos, especialmente el que tiene que ver con el comercio de proximidad, agoniza en Galicia a pasos agigantados. Con las gravísimas consecuencias personales, sociales e incluso me atrevería a decir que culturales que su desaparición conlleva.

Por si tenían alguna duda o mi valoración les parecía subjetiva, según los datos oficiales de la Seguridad Social, el régimen laboral de trabajadores autónomos contaba en Galicia a finales de septiembre con 203.994 titulares, la segunda cifra más baja desde que hay registros. Y es que septiembre se cerró con 1.020 profesionales en activo menos que los que había en agosto. Una cifra que equivale a la desaparición de 33 negocios cada día del mes. Absolutamente dramático.

Es evidente que ante una situación como esta, hay que tomar medidas de inmediato. Pero volvemos a lo de siempre. Las medidas tienen que necesariamente repercutir de manera directa en el autónomo. De nada sirve hacer planes sectoriales, proyectos globales o actuaciones generalistas. No. Actuaciones de ese tipo ya han demostrado en repetidas ocasiones su ineficacia. Donde hay que intervenir, y sin más dilación, es en atenuar los gastos derivados del ejercicio de la actividad que tienen que afrontar los autónomos. Principalmente, los gastos derivados de suministros (energía, comunicaciones, seguros…) y las imposiciones.

Por supuesto que hay que abordar otros problemas relacionados con la situación que está viviendo el pequeño comercio. Ahí están cuestiones como la de la falta de relevo generacional, la de la competencia desleal que ejercen las plataformas online y de algunas grandes superficies, los cambios en los hábitos de consumo o una digitalización insuficiente. Pero antes que nada, lo que hay que hacer es frenar la sangría y conservar lo que tenemos. Y para ello, ya digo, la solución no puede ser otra que implementar medidas que repercutan de manera directa e individual en los autónomos, como es la disminución de sus cargas.

También, y al hilo de la actualidad, me ha llamado mucho la atención en los últimos días que el Rey de España haya entregado a Josep Borrell el premio anual que concede el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en reconocimiento “a su trayectoria y por su labor en el seno de la Comisión Europea”. Y me llama la atención por la diferente vara de medir que tenemos los españoles respecto a quien comente determinados delitos.

Asistimos estos días a la defenestración de Alvise Pérez por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral y por haber recibido unas determinadas cantidades de dinero en metálico que no ha declarado. Sin entrar en el debate sobre qué partido político no ha recibido y utilizado dinero en B en alguna ocasión, lo que sí me gustaría recordar es que el ahora reconocido y galardonado Josep Borrell fue en su día condenado a pagar 30.000 euros e inhabilitado por la CNMV por utilizar información privilegiada al vender acciones de Abengoa. Multa que, por cierto, no recurrió. Supongo que para no se removiera más el asunto. Pero ya ven, hay defraudadores y timadores a quienes se premia mientras a otros se les condena de buenas a primeras al escarnio. Así nos va.

La agonía del comercio local y la doble vara de medir