En un alarde más de desprecio por parte del Gobierno de España al que los gallegos, por desgracia, estamos ya tan acostumbrados, la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, tuvo a bien decir la pasada semana que el rescate de la AP-9 «no es viable». Y por si a alguien le quedaba alguna duda, la alto cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, añadió además que era «inasumible» y que «tendría unos efectos lesivos muy importantes para el Estado». Y tan ancha se quedó, oiga.
En realidad Marta Serrano no hace sino refrendar por enésima vez lo que ya le hemos escuchado en infinitas ocasiones a sus superiores. Los dirigentes del PSOE han puesto todas las trabas posibles a un supuesto rescate de la AP-9 y lo han negado por activa y por pasiva. Eso sí, escurriendo el bulto y tratando de esquivar su responsabilidad en el asunto. Derivando las culpas de la actual situación a quienes concedieron las dos prórrogas a Audasa: Felipe González, que en 1994 la amplió por 10 años, y José María Aznar, que en el año 2000 le concedió a la concesionaria otros 30 años de explotación.
Sin embargo, no puede ser más burda la excusa. El actual gobierno de Pedro Sánchez es igual de cómplice que sus predecesores, porque tiene la potestad de si algo no le gusta, derogarlo o cambiarlo, como hizo, por ejemplo, en 2022 con la Reforma Laboral y ley Mordaza. Pero en el caso de la AP-9 no solo no ha hecho nada por revertir la situación sino que ha apuntalado la postura de la concesionaria poniéndose de su lado en cuanta ocasión lo ha requerido. Incluso aunque ello supusiera contravenir a la Unión Europea, que sí que ha declarado que la prórroga de la concesión es ilegal.
La excusa utilizada por el Gobierno central ha sido casi siempre la misma: No hay dinero para el rescate. Y para ello no ha dudado incluso en trampear las cuentas. El propio ministro Óscar Puente llegó a decir que liberar la AP-9 supondría un desembolso de 4.000 millones. Una cifra que nada tiene que ver con el estudio riguroso e independiente de la Universidad de A Coruña, que cifró el coste de esa operación en 904 millones de euros.
Es decir, que el Gobierno no tiene 1.000 millones de euros para rescatar la AP-9, lo que redundaría tanto en un menor número de víctimas en nuestras carreteras (somos la comunidad del Estado que más muertos en accidentes de tráfico tiene al año en relación con su número de habitantes) como en que las empresas gallegas puedan ser más competitivas y podamos por fin acercarnos a la ansiada convergencia con el resto del país e incluso con Europa. No, para eso no hay 1.000 millones, pero si hay casi 5.000 millones para dárselos a Muface a fondo perdido. Una desvergüenza.
Por si el asunto no fuese lo suficientemente grave, la situación cobra una dimensión aún más trágica si tenemos en cuenta que este Gobierno cuenta con una vicepresidenta que es gallega. Una vez más se cumple para los pontevedreses aquello de que no hay peor cuña que la de la misma madera. No nos ha ido demasiado bien nunca con los gobernantes gallegos que han hecho carrera en Madrid. Por cierto, conviene no olvidar que Yolanda Díaz llegó se presentó a las elecciones generales del 2019 por la provincia de Pontevedra. Pero, en fin, también hay otro dicho muy nuestro que es aquel de que “recoges lo que siembras”. Y ya veremos lo que recoge aquí nuestra flamante vicepresidenta cuando nos toque pasar de nuevo por las urnas.