He de reconocer que me preocupa, cada día más, la situación geopolítica actual. Un escenario en el que los ideales de cooperación internacional y de solidaridad han quedado absolutamente relegados frente a una realidad marcada por la defensa a ultranza de los intereses propios.
A día de hoy, los gobiernos más influyentes y poderosos del mundo toman decisiones estratégicas guiados exclusivamente por sus intereses nacionales, incluso a costa de sacrificar y perjudicar a quienes fueron sus históricos aliados. Esta tendencia revela un escenario en el que el equilibrio de poder se redefine no por consensos ni por prioridades globales, sino por la capacidad de cada quien de imponerse en un entorno cada vez más competitivo y fragmentado.
Ya nada es lo que parece ni nadie es lo que uno pensaría que fuera a ser. Así, quien yo creía que iba a bajar impuestos, resulta que sube aranceles. O quien creía que nos iba a defender, se pone del lado de quien nos ataca. El fin, que el asunto no pinta nada bien.
Ni a nivel global ni a nuestra escala. Echarle un vistazo a las noticias publicadas en los últimos días es siempre un excepcional termómetro. Y si conectamos unas con otras, podemos hacer un diagnóstico bastante certero de la situación.
Una de las que más me ha llamado la atención es la de que Galicia ha vuelto a batir su récord de trabajadores públicos. En la actualidad hay más de 176.000 gallegos que reciben su salario de las arcas públicas. Un 1,3% más que hace un año. El hecho en sí no me parece ni bien ni mal. Simplemente, yo pensaba que con un mayor numero de empleados, mayores y mejores servicios se le prestarían al ciudadano. Y, por desgracia no es así. Las deficiencias en sanidad, en educación o en seguridad siguen siendo las de siempre, con independencia de cuántas personas tenga la Administración para atenderlas.
Pero es que tal y como están las cosas en el sector privado, hasta llegó a entender el afán de los gallegos por buscar refugio y amparo en el sueldo público. Basta de nuevo con leer el periódico para encontrar razones que lo justifiquen. En estos últimos días he leído que cierra la fábrica de velas de North Sails en Cuntis, en la que trabajaban 29 personas, para trasladar su producción a Sri Lanka. Otro ejemplo más de deslocalización como consecuencia de la despiadada gestión de los fondos de inversiones (propietarios del 50% de la firma), agravada por nuestras carencias competitivas.
También me genera inquietud lo que está ocurriendo en Sargadelos, una firma emblemática no solo para nuestro tejido empresarial sino también para nuestra historia y nuestra cultura, y que en la actualidad pasa por un momento complicado y con un futuro incierto.
Todo eso en tierra, pero si nos vamos al mar, el panorama no difiere en absoluto. Leo, por ejemplo, que en Galicia cada vez hay menos barcos y menos pescadores. En cuatro décadas hemos pasado de tener 300 barcos faenando en Gran Sol a tener en este momento solo 78 buques en activo en aquellos caladeros. O que el marisqueo en las rías de Pontevedra, Arousa y Noia está pasando por el peor momento de su historia y que sus expectativas de mejora no son muy optimistas.
Tan solo he encontrado un motivo de complacencia en los noticieros. Y es la entrada en vigor de la obligatoriedad un proceso de conciliación o mediación previo a la tramitación de gran parte de las demandas que se presentan en los juzgados. Me parece que puede ser una buena medida para solventar el secular atasco y los enormes retrasos que padecen nuestros Juzgados.