Cada vez que el Instituto Galego de Estatística (IGE) publica un dato sobre la situación de los autónomos en nuestra comunidad autónoma se me sobresalta el corazón. Y es que vamos de mal en peor, en caída libre y a punto de superar nuestro peor dato histórico. Según el último informe del IGE, Galicia pierde mil negocios de trabajadores por cuenta propia al año y la afiliación ha caído a mínimos. Hasta el punto de que el pasado mes de febrero cerró con 203.297 afiliados, la segunda cifra más baja desde que existen registros, y a solo 297 cotizantes del mínimo histórico. Un récord que, por desgracia, a buen seguro a lo largo de este año pulverizaremos.
Por mi propia experiencia, que ya se prolonga a lo largo de unas cuantas décadas, bien sé que los pequeños negocios en zonas rurales (y, por lo tanto, con poca población y poco consumo) han ido subsistiendo gracias al esfuerzo personal y al empeño desmesurado y no siempre gratificado de sus propietarios. Pero a medida que en los últimos años se han multiplicado las imposiciones, los costes y los gastos en suministros relacionados con el desempeño de la actividad, llega un momento en el que las cuentas ya no dan. Y por mucho esfuerzo y empeño que uno le ponga, el negocio se torna insostenible y la única opción que queda es la de, con mucho dolor, bajar la persiana.
La ecuación es tan sencilla como infalible: Si tú tienes, como es el caso de Galicia, un territorio disperso con numerosas zonas rurales en evidente peligro de despoblación y, por lo tanto, también de que los negocios se queden sin clientela, y lo que haces es subirle los impuestos y las obligaciones a sus propietarios, la consecuencia ineludible es que estos acaben por abandonar sus negocios y darse de baja.
¿Y cuál está siendo la solución de algunos ayuntamientos para evitar quedarse sin esos negocios y sin esos servicios? ¿Suprimir el IBI y otras cargas impositivas a esos autónomos para que puedan mantener cierto margen de beneficio y así sobrevivir y mantenerlos activos? Nooo!!! Bien sabemos que los responsables de nuestras Administraciones siempre evitan las soluciones más evidentes (y casi siempre también las más útiles) a favor de otras mucho más locas (y casi siempre también ineficaces). En el caso del asunto que nos ocupa, la solución por la que han optado algunos concellos ha sido la de hacerse con la propiedad o con la gestión de esos negocios. El ayuntamiento de Pol (con 1.500 habitantes), por ejemplo, ha comprado un supermercado, y el Ribeira de Piquín, ha alquilado la gasolinera del pueblo. El mundo al revés.
Y lo curioso del caso es que no falta quien aplauda la medida. Entiendo que se valore el mantenimiento de servicios –llámense gasolineras, panaderías o fábricas de embutidos- en la Galicia que se vacía, pero nunca pueden ser las administraciones públicas quienes se encarguen de hacerlo. Por una parte es el recurso fácil, porque los organismos públicos nunca quiebran ni entran en concurso de acreedores (artículo 1.3 de la Ley Concursal. RCL 2003, 1748), por muy mal que vaya el negocio. Pero la solución no puede ser esa, sino la de favorecer las condiciones (eliminando cargas) para que la iniciativa privada sea capaz de mantener la actividad comercial o empresarial.
A mí, que un ayuntamiento compre un supermercado para mantenerlo abierto no me parece una buena noticia. Me parece una tragedia.