Nos insisten una y otra vez en el mantra de que España va bien –“como una moto”, dijo nuestro presidente del Gobierno- pero lo cierto es que las cosas no funcionan. Empezando por las cosas más básicas, las que nos hacen la vida más fácil o, a veces, incluso, las que nos hacen la vida posible.
Hace justo un año, el Gobierno de España anunció públicamente su intención de poner fin a la cita obligatoria para realizar gestiones ante las Administraciones Públicas, aquella medida impuesta tras la irrupción de la pandemia. Pues bien, no hace falta que yo se lo diga porque ustedes mismos habrán tenido la ocasión de comprobarlo (o de padecerlo), la cita previa sigue siendo la regla general en las oficinas de atención a los ciudadanos en la mayoría de las Administraciones. Por supuesto, todos los que nos desenvolvemos en el sector privado la eliminamos de nuestros negocios desde el momento en el que finalizó aquella situación de excepcionalidad. Pero la Administración, lejos de predicar con el ejemplo, incumple con su palabra y la mantiene.
Y otro tanto puede decirse de otros muchos servicios esenciales, en los que no solo se realizó la promesa sino que se llegaron a aprobar leyes al respecto. Hablo, por ejemplo, de los dependientes. La Ley de la Dependencia lleva ya muchos años aprobada, pero ni se le adjudica dotación presupuestaria para cubrir todos los casos necesarios, ni se agiliza su tramitación. Y así nos encontramos con que el tiempo medio de espera a nivel nacional desde que se solicita la ayuda por dependencia hasta tener una respuesta de la Administración es de 432 días (casi 13 meses). A eso hay que añadirle el periodo que discurre desde que se aprueba la ayuda hasta que ésta se hace realmente efectiva. ¿Resultado? 35.000 personas fallecieron en España esperando ayudas. O lo que es lo mismo, una persona dependiente muere en nuestro país cada 15 minutos sin recibir recursos.
Tres cuartos de lo mismo podrían decir los enfermos de ELA. A pesar de que el Gobierno aprobó en octubre de 2024, después de años y años de reclamación por parte de los afectados, una ley que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados de las personas que padecen esta enfermedad, la ley aún no cuenta con la financiación necesaria para su aplicación efectiva. El Gobierno se escuda en la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2025 como causa para esta demora. Sin embargo, otras cuestiones sí que están saliendo adelante sin Presupuestos. Lo único tristemente cierto es que los enfermos de ELA siguen igual que antes. O peor, porque el tiempo para ellos no pasa en balde.
También nos han vendido la moto y nos han dado la matraca con la apuesta por el coche eléctrico. Pues he de decirles que tampoco funciona. He realizado un viaje a Madrid en un vehículo eléctrico y cada vez que he tenido que parar a recargar he necesitado de una hora para una carga de entre el 40 y 50% de las baterías. Según me explicaron, resulta que no es que no haya puntos de recarga rápida (en Portugal sí que los hay y funcionan perfectamente), sino que la potencia energética no es suficiente y por tanto la velocidad de carga pasa a ser normal. Y muy cara, por cierto. Hasta el punto de que el viaje sale tanto o más caro que en un vehículo de combustión.
Y con más ejemplos como estos, podría llenar esta página al completo. La conclusión de todo ello es cada vez tenemos un país menos competitivo y que nos engañan constantemente con promesas e incluso con leyes que se aprueban pero después no se cumplen.