Aviso de entrada: este artículo no está escrito por una inteligencia artificial. Tan sólo el título me ha sido sugerido por Chat GPT tras introducirle una serie de datos, de sobra conocidos y publicados, sobre la situación de las infraestructuras viarias en nuestra comunidad. Le indiqué, entre otras cuestiones, que Galicia sigue siendo la única comunidad autónoma en la que todas las autopistas son de peaje. O que somos la comunidad con mayor índice de siniestros mortales por número de habitantes. Y que la cosa va a peor porque en 2022 en las carreteras gallegas se quedaron 89 vidas, un 15% más que en 2021, año en el que fallecieron 77 personas. A partir de esos datos, la inteligencia artificial me propuso como título para el artículo “Galicia: peajes y siniestros”. Que no por obvio, deja de ser acertado.
Vemos como pasan los meses y la Comisión Europea sigue sin manifestarse respecto al recurso interpuesto por el Gobierno Español ante la decisión de Bruselas de considerar ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta el 2048. Y esta absurda situación está permitiendo al hermético Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener unos peajes que ya deberían haber desaparecido en agosto del pasado año.
Pero lo peor del caso es que las expectativas en cuanto a la resolución de esta situación son muy poco halagüeñas para los intereses de los gallegos. ¿En qué me baso? Pues miren, por ejemplo en que la primera prórroga que recibió Audasa le fue concedida en 1994 por Josep Borrell, por aquel entonces ministro de Obras Públicas del Gobierno de Felipe González. Sí, ese mismo Josep Borrell que años después fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la utilización de información privilegiada. Y sí, también, ese mismo Josep Borrell que en la actualidad es un alto cargo socialista de la Unión Europea, en cuyo seno se han destapado recientemente serios casos de corrupción.
Es decir que la persona que otorgó aquella primera concesión a la AP-9 está muy cerca de quien ahora tiene que tomar la decisión respecto a la legalidad o no de las prórrogas a Audas. Si a ello le suman la a todas luces incomprensible decisión de Pedro Sánchez de declarar secreto de Estado todo lo relacionado con el recurso interpuesto por su Gobierno ante la UE, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos puede salir mal esta vez a los gallegos? Sencillamente, todo.
Aunque la concesión de las prórrogas sea ilegal, como ya determinó en su día la Comisión Europea, no tengan ninguna duda de que habrá movimientos en los despachos políticos y que se hará todo lo posible para no tener que rescatar esa concesión.
Entre tanto, no hay inteligencia, ni natural ni artificial, que pueda entender que los gallegos no podamos circular libremente por nuestra comunidad y tengamos que seguir haciéndolo pagando un impuesto revolucionario a un fondo de inversiones extranjero, que es quien realmente está detrás de Audasa.