Sin un poder judicial verdaderamente independiente, jamás podremos hablar de una auténtica democracia. La igualdad ante la ley de todos los españoles es la piedra angular de nuestro sistema político. Y a día de hoy, lamentablemente, esa igualdad está en peligro. Es por ello que desde hace tiempo ese es uno de mis principales caballos de batalla. Si algo puede y debe movilizarnos es la defensa de los derechos adquiridos, esos que tanto tiempo y tantos sacrificios costó conseguir y que ahora algunos quieren cargarse de un plumazo.
Uno de esos derechos fundamentales, ya digo, es el de la igualdad. Con independencia de religiones, sexos, origen y, por supuesto, filiaciones políticas y parentescos. De ahí la gravedad de la iniciativa de nuestro presidente de Gobierno de promulgar una ley que limite el derecho a la acusación popular, una figura recogida en nuestra Constitución y que ya estuvo vigente también durante la Segunda República.
La iniciativa de Pedro Sánchez ha sido rotundamente rechazada no solo por el resto de las fuerzas políticas, incluidos sus socios de investidura, sino también por todas las asociaciones de la Magistratura, incluso las más progresistas. Lo cual, ya da bastante que pensar.
Pero también los ciudadanos deberíamos poner de manifiesto públicamente nuestro rechazo ante semejante atropello. Y eso es algo que echo en falta. La acusación popular es una figura que garantiza que los gobiernos no puedan abusar de la sociedad civil en su conjunto. Es la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad y del interés público.
Si los ciudadanos, de manera individual o asociada, pierden el derecho a ejercer la acusación popular, los españoles habremos perdido una de nuestras principales herramientas de control al poder y estaremos a expensas de nuestros Gobiernos y de sus posibles abusos, sin más capacidad de intervención que la que se nos ofrece en las urnas cada cuatro años. Una involución en toda regla.
En otro orden de cosas, me gustaría manifestar mi concordancia con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en cuanto a la transferencia de la AP-9. Como ya he manifestado en muchas ocasiones, y me alegra sobremanera que ahora también lo haga el iluminado alcalde, lo importante no es quien gestione la autopista sino que esta quede libre de peajes. Y eso es algo que no se va a conseguir con la transferencia sino con el rescate de su concesión.
En España hay ejemplos de sobra de autopistas que fueros rescatadas sin antes haber sido transferidas. Y a eso es a lo que debemos aspirar los gallegos. Me da igual que quien lo consiga sea el gobierno europeo, el central, el autonómico o el de Redondela.
El problema es ¿quién le pone el cascabel a este gato? Se supone que la responsabilidad última, que quien toma la decisión definitiva, es la Unión Europea. Pero resulta que Pedro Sánchez ha colocado allí, en su cúpula, a Teresa Ribera. Con lo cual, los que mandan allí son los mismos que los que mandan aquí, y nunca han mostrado el más mínimo interés por rescatar y convertir en gratuita la Ap-9, sino todo lo contrario, no han hecho más que poner palos en la rueda de ese posible proceso.