miércoles. 21.02.2024

Más empleo público pero no mejores servicios

Relatan estos días los noticiarios que un nuevo recuento en la Administración del Estado ha hecho aflorar más de 230.000 empleos públicos que hasta ahora no eran contabilizados...

jose-luis-vilanova-p

Relatan estos días los noticiarios que un nuevo recuento en la Administración del Estado ha hecho aflorar más de 230.000 empleos públicos que hasta ahora no eran contabilizados. Como si de una primavera adelantada se tratase, los empleados públicos afloran cual cerezos en el Jerte. Aquí y allá brotan lozanos en sus radiantes oficinas y en sus luminosos despachos.

Desde hace tiempo, en varias ocasiones y por varios medios, he intentado conocer el dato de cuántas personas hay en España que viven del erario público. Y no me refiero solo a los funcionarios, que han obtenido su plaza por oposición, que esos están en su mayoría contabilizados. Me refiero también a los interinos, a los asalariados de las distintas Administraciones (estatal, autonómica, provincial y local), a los asesores y cargos de confianza, a los alcaldes y concejales liberados o, por citar algún cargo, al presidente de Aena o al de cualquier Autoridad Portuaria, que, evidentemente, non son funcionarios, pero sí cobran del Estado.

Ninguna de las vías que he utilizado para recabar este dato ha fructificado. He escrito en varias ocasiones al ministerio responsable, pero no he recibido respuesta alguna. Incluso le he hecho esa pregunta a Chat GPT, quien también me contestó que era incapaz de encontrar esa información.

A falta de ese ilocalizable dato objetivo, y teniendo en cuenta que el último recuento oficial, tras el afloramiento, cifra el personal al servicio de las Administraciones Públicas en 2.967.578 personas, yo calculo que en España debe haber entre 6 y 7 millones de ciudadanos que, por una u otra cuestión, reciben su salario de las arcas de Estado. Y excluyo, por supuesto, de ese recuento a los parados, jubilados, rentas no contributivas y personas que reciben ayudas por discapacidad.

Es decir, que en torno a una tercera parte de la población activa de nuestro país vive de los impuestos de todos, incluidos los de ellos mismos.

El caso es que el hecho de que cada vez haya más gente trabajando para la Administración pública no revierte en que ésta ofrezca al ciudadano más servicios o de mejor calidad. Más bien al contrario. La pandemia introdujo una serie de procesos que eximían a los trabajadores públicos de determinadas tareas, que debían ser asumidas entonces por la propia ciudadanía. Y ahí nos hemos quedado. El retorno a la normalidad no nos ha devuelto al status inicial.

Por desgracia, esta vez lo he vivido en piel propia. Tengo que renovar mi pasaporte, así que me dirigí a la comisaría de Policía de Vilagarcía. Lo primero que me exigieron fue una cita previa. No la tenía. Solicité al agente que me diera una cita y, oh sorpresa, me contestaron que debo ser yo quien la solicite a través de internet o a través de un número de teléfono, el 060, que, de nuevo para mí sorpresa, no es un número con tarificación gratuita sino de pago. ¿Por qué todo es tan complicado? ¿Por qué hay que marear así al personal?

Pues menos mal que tenemos un Gobierno de la gente y para la gente, porque la sensación es de que tenemos un Gobierno contra la gente. Un Gobierno que es incapaz de regular su propia administración pública, consintiendo como consiente, que ésta desprecie al ciudadano, que, a fin de cuentas, es quien le paga.

Más empleo público pero no mejores servicios