No voy a entrar a estas alturas en la peripecia de lo ocurrido durante la tramitación de lo que ya se ha dado en llamar la “Ley Txapote”. Ya saben, ese “error”, en palabras de Núñez Feijoo, cometido por los diputados del PP que provocó que botasen a favor de una norma que va a acortar la estancia en prisión de un buen número de presos de ETA. Ni indicaré culpables, que seguro que los hay, ni anticiparé sus consecuencias, que seguro que también.
En lo que me quiero centrar en estas líneas es en una cuestión que subyace en el fondo de esa ley. O de esa trasposición, como oficialmente se denominó. Me he preocupado en indagar cuál es el significado del palabro y resulta que la trasposición en cuestión es el proceso mediante el cual un país o entidad adapta y convierte una norma jurídica de ámbito supranacional (como en este caso, una directiva de la Unión Europea) en una norma nacional que se ajusta a su propio ordenamiento jurídico.
Hasta ahí, todo de acuerdo. Lo curioso es que en España, y en particular este Gobierno que preside Pedro Sánchez, traspone de Europa solo lo que le conviene.
Si en algo he sido tenaz en el tiempo que llevo asomándome a esta ventana de papel, ha sido en dejar clara mi férrea defensa de la igualdad, de que todos compitamos con las mismas cartas, con independencia de dónde hayas nacido, de dónde vivas, de lo grande o pequeño que seas o de a qué te dediques.
Por eso no me vale que Europa nos exija que asumamos determinadas legislaciones para unas cosas pero no para otras. Como tampoco me vale que el Gobierno nos exija a los ciudadanos determinadas cuestiones en aras a equipararnos a Europa cuando ni de lejos nos equiparamos en otras.
Y no sé cómo ocurre, pero se da la circunstancia de que siempre somos nosotros, los españolitos de a pie, los que salimos perdiendo.
Nos cuentan que tenemos que hacer nuestra la Ley Txapote porque “es que lo dice la Unión Europea”. Pues muy bien. Pero es que, señores, la Unión Europea también dice, y lo ha hecho en varias ocasiones, por activa y por pasiva, que la prórroga de la AP-9 es ilegal. Y ahí, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué este Gobierno, tan seguidista y temeroso de las órdenes europeas se las salta por el forro cuando de la AP-9 se trata? Agradecería una respuesta, más solo espero, de nuevo, silencio.
Otro tanto podría decirse de lo que ocurre con las cotizaciones de los autónomos. “Hay que unificar porque nos lo exige la Unión Europea”, nos dien. Muy bien, pues unifiquemos en todo. En Francia los autónomos pagan 1.100 euros ¡al año! En Portugal, 125 euros al mes. Y en otros países, como Alemania o los Países Bajos, ni siquiera están obligados a pagar cuota alguna. ¡Ah, claro! Pero en eso no nos interesa unificarnos.
Lo que está claro es que, al margen de las ideologías y de los partidos políticos –en esto no se salva nadie-, quienes rigen nuestros destinos lo hacen única y exclusivamente por el interés propio, sin tener en ningún momento en cuenta el interés general. Y así seguirá el asunto hasta que los traspongamos a ellos.