El comercio y el turismo son, antes que nada, dos actividades económicas. Y aunque parezca obvio no está de más puntualizarlo ya que a veces da la sensación de que se nos olvida que son de los pilares fundamentales de la economía de nuestra provincia. Ya lo fueron históricamente, hoy lo siguen siendo y confío en que en el futuro se mantengan como tales, a pesar de los presagios de los agoreros que nunca faltan.
Cuando hablamos de comercio, a día de hoy, estamos hablando del comercio tradicional, del de toda la vida, de las tiendas físicas, pero también del comercio electrónico, de las grandes áreas comerciales, de los centros comerciales abiertos, del comercio ambulante… Todo ello, y más, aglutina este sector.
Y otro tanto ocurre con el turismo. En Pontevedra recibimos turismo de playa, pero también enológico, gastronómico, de congresos, religioso, de aventura, cultural… Cada uno de ellos con sus particularidades, pero al final, todo suma.
Desde hace algún tiempo tengo el honor y la responsabilidad de poder aportar mi granito de arena al desarrollo y futuro de estos dos sectores desde mi cargo de presidente de la comisión de Comercio y Turismo de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía. Sin embargo, siento que las aportaciones de los empresarios que formamos esta entidad no son ni lo suficientemente escuchadas ni siempre tenidas en cuenta.
Las Cámaras de Comercio son, por ley, una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que además se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las diferentes Administraciones públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.
Son, por tanto una voz autorizada y legitimada para intervenir en cualquier cuestión relacionada con estos sectores, así como para participar en el diseño de las diferentes estrategias que se desarrollen tanto para el turismo como para el comercio. Máxime ahora que la filiación a la Cámara ya no es obligatoria y que, por tanto, las empresas y los autónomos que pertenecen a ella y pagan voluntariamente su cuota, lo hacen por compromiso y voluntad de impulsar la actividad económica de su sector.
¿Quién mejor que los propios empresarios que desarrollan su labor en estos sectores para definir conceptos e aportar ideas que ayuden a las administraciones públicas a tomar las medidas idóneas para dinamizar su actividad?
Es en este sentido en el que las Cámaras de Comercio pueden y deben jugar un papel crucial. Con independencia de que existan otro tipo de asociaciones empresariales, federaciones o clusters, la Cámara es el órgano que, insisto, por ley, debería estar presente en todos los foros en los que se analice la situación de estos ámbitos, se evalúen sus necesidades, se determinen las medidas a llevar a cabo y se diseñen sus estrategias de futuro. Y las Administraciones deberían ser las primeras en tenerlo presente.