Primero saque cita, después ya veremos

Mucho antes de que en los bancos y en un sinfín de entidades oficiales se instalasen esas muchas veces ininteligibles pantallas llenas de letras, números y códigos, e incluso antes también de que en los supermercado se colocasen los dispensadores de turnos, yo recuerdo a mi madre llegando a cualquier lugar donde hubiese más de dos o tres personas y preguntando con cordialidad “¿el último, por favor”. El aludido en cuestión hacía un leve gesto con la mano o contestaba con un escueto “yo” y ahí se acababa la cuestión. Nadie ponía en duda el rigor ni el orden de tan sencilla como eficaz alineación. Y, por supuesto, nadie se quedaba sin ser atendido como correspondía, siempre y cuando la llegada del demandante estuviera dentro del horario laboral o comercial del receptor.
Sin embargo, hoy, como tantas veces nos ocurre, nos empeñamos en complicar las cosas hasta el absurdo y en deshacer aquello que siempre ha funcionado en aras de un supuesto progreso. Ahora resulta que para ser atendido en un organismo oficial necesitas haber solicitado previamente una cita previa. Y yo me pregunto, ¿a santo de qué?
La función de un funcionario es funcionar. Es decir, prestar su servicio dentro de su horario. Y eso es lo que debemos exigir. Los ciudadanos tenemos la obligación de ser atendidos, máxime cuando quienes deben hacerlo están pagados por el dinero público, es decir, por el dinero que aportamos todos. Y esa obligación de ser atendidos no se puede cercenar con la obligatoriedad absurda de una cita previa por varias razones.
Primero, por lo dicho, porque se trata de un derecho de la ciudadanía. Una ciudadanía que, por cierto, aceptó sin rechistar cuando se tomó esa medida durante la pandemia porque había razones objetivas que lo justificaba. Ahora que esas condiciones han desaparecido, la medida también debe desaparecer.
Segundo, porque no todos, ni todas las veces, podemos prever con exactitud o con la antelación suficiente cuándo vamos a necesitar ser atendidos por la Administración. Quienes nos desempeñamos en el mercado libre sabemos de sobra que en infinidad de ocasiones surgen urgencias o contratiempos que nos exigen una inmediata respuesta oficial que no puede estar a expensas del ˝coja usted su turno y vuelva cuando se lo indiquen”. Porque puede que cuando me lo indique la maquinita en cuestión sea ya demasiado tarde.
Tercero, porque no todas las personas tienen acceso o conocimientos como para desenvolverse con soltura a la hora de solicitar una cita previa. Estoy pensando en personas mayores o con algún tipo de discapacidad. No deja de resultar un contrasentido, por no decir algo más grave, que el Ejecutivo legisle para evitar el abuso a las personas mayores por parte de las entidades bancarias pero consienta que ese mismo abuso (o peor) se produzca en la propia administración pública.
Sería bueno que esas cuestiones de tanta trascendencia, que afectan al conjunto de la ciudadanía (ya que nadie se libra de tener que tratar con la Administración) no quedasen en mano de una arbitraria e unilateral decisión, que en ocasiones incluso puede estar tomada por alguien cercano a quien se beneficia de ella o bajo la presión de determinados colectivos o lobbies.
En Suiza, por ejemplo, un incuestionable referente de la democracia, las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad se deciden en referéndum. Hagamos la prueba aquí. Solicitemos a la ciudadanía su opinión acerca de la obligatoriedad de la cita previa. Nadie va a salir perdiendo. Pero sí que puede salir ganando la democracia. Yo, desde luego, así la entiendo.